“Hemos intentado que el tasazo impuesto por el Gobierno de Sánchez tenga el menor impacto posible en nuestros vecinos”. Es lo que ha manifestado en la mañana de hoy el alcalde de Camargo, Diego Movellán, durante su intervención en el Pleno municipal ordinario en el que, entre otras cuestiones, se ha aprobado la ordenanza para la prestación de recogida de residuos en el municipio.

 Una tasa que, como ha indicado el regidor, “no es definitiva” y se irá revisando trimestralmente con el fin de que, cuanto mejores sean los baremos de reciclaje en Camargo, menos coste tenga para los vecinos y vecinas. En este sentido, el alcalde se ha posicionado del lado de los camargueses y frente al Gobierno de España, que es el “responsable”, ha dicho, “de esta carga injusta a las familias".

 Diego Movellán ha querido dejar constancia del “firme compromiso” del equipo de gobierno municipal por “revertir esta subida” tan pronto como la legislación nacional o la interpretación de la Ley “lo permita”, y “recuperar una política de tasas no abusivas, más justa”. Así, Movellán ha recordado que esta actualización de la tasa de basuras se aprueba “por imperativo legal”, en cumplimiento del artículo 11.3 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, que obliga a las entidades locales a establecer una tasa específica, diferenciada y no deficitaria que refleje el coste real de la recogida, transporte y tratamiento de los residuos.

 “No es voluntad de este equipo de Gobierno, sino una obligación que se nos impone desde el Gobierno de España y que estamos obligados a implantar para no incurrir en ilegalidad”, ha sostenido el alcalde de Camargo ante el Pleno, donde ha precisado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez “ha convertido” a los ayuntamientos, “otra vez, en recaudadores de un nuevo impuesto al reciclaje que irá a parar a las arcas del Gobierno nacional”.

 El Ayuntamiento de Camargo, que a través de esta ordenanza da cumplimiento a la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular, ha tratado, mediante el trabajo desarrollado por los técnicos municipales para aplicar esta nueva obligación tributaria, de no perjudicar a los vecinos de los pueblos donde la prestación del servicio es más costoso, como las zonas interiores de Camargo.

 “Es una obligación que no nos gusta nada”, ha reiterado el regidor, quien ha aseverado que el objetivo es ir “bajando” de forma progresiva la cuota, dentro de una ordenanza que contempla bonificaciones de hasta el 80 por ciento para propietarios de viviendas en riesgo de exclusión, o usuarios que Servicios Sociales acredite que tienen dificultades, además de familias monoparentales, numerosas y empresas que gestionen sus propios residuos.

 En una sesión plenaria en la que también se ha aprobado la omisión de la fiscalización de varias facturas por cerca de un millón de euros, así como el reconocimiento de créditos por más de 70.000 euros, Diego Movellán ha anunciado que la renovación total de los contenedores del municipio ya está en marcha, después de haber sido adjudicada. De este modo, los 746  contenedores de zonas residenciales e industriales, que están en proceso de fabricación, sean sustituidos a lo largo del verano.